Por falta de un ordenamiento territorial, tierras mayas están siendo deforestadas e invadidas por desarrollos inmobiliarios que las ven como zonas de venta e inversión.
Dulce Olvera | Ciudad de México, 24 de abril 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).– Las tierras de Mérida y las del norte de Yucatán, un estado con selva, manglares y cenotes, están siendo invadidas por desarrollos inmobiliarios que las acechan como zonas de venta e inversión, lo que también ha agudizado la actividad minera para material de construcción.
Algunas obras clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en los últimos años implicaron deforestación por el cambio de uso de suelo forestal sin el permiso ambiental, la tala de manglares para abrir caminos y lotes o el relleno de humedales en reservas ecológicas.
Como parte de este boom inmobiliario sin un claro ordenamiento territorial, la Procuraduría ambiental también ha recibido denuncias de locatarios de Xculur Sur, Tebec o Yaxcopoil contra minas de material pétreo que los rodea como Grupo Zamudio, Materialies Ku o Procon planta Ticimul por el registro de polvo y explosivos.
Pero cuando las comunidades mayas se han opuesto a la privatización y explotación de su tierra y agua para la urbanización, han sido intimidados o incluso criminalizados, advirtieron consejos mayas al Ministro presidente de la Suprema Corte (SCJN), Hugo Aguilar, y a autoridades federales en reuniones recientes en la capital del país, algo que reiteraron durante una manifestación en Mérida el sábado 21 de marzo locatarios de Dzitznup, Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chi, Sisal, entre otros.
El Registro Agrario Nacional 2024 documenta que en Yucatán el número de parcelas con «dominio pleno», que pasaron de ejidos sociales a propiedad privada, creció un 133 por ciento de 2010 a 2024 al aumentar de 7 mil 406 parcelas (33 mil 295 hectáreas) a 17 mil 316 parcelas (99 mil 279 hectáreas), lo cual es legal por la Ley Agraria salinista de 1992, cuyo Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) permitió la privatización de tierras para carreteras y desarrollos urbano, turístico y agroindustriales rumbo al entonces TLCAN.
Con cifras hasta 2019, un informe del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible determinó que el sexenio en el que más superficie ejidal se convirtió en propiedad privada fue el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando Jorge Carlos Ramírez Marín, ahora Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dirigió la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) de 2012 a 2015, como puede apreciarse en la gráfica.
Aunque es legal, la Fundación Yansa, que acompaña procesos comunitarios de defensa del territorio en la Península de Yucatán, también ha detectado algunos modus operandi de despojo de tierras ejidales con falsificación de actas de asamblea o actas de gabinete por parte de abogados o empresarios mobiliarios que, con engaños o sobornos a comisariados ejidales y contubernios con funcionarios agrarios, pasan los ejidos de uso común a propiedad privada.
«El boom inmobiliario está ofreciendo nuestro territorio al mejor postor. Son proyectos que no se nos consultan y solamente nos enteramos cuando ya se han entregado las tierras a gente que las quiere explotar y no les importa que vivamos ahí. Los que estamos en el territorio no somos estatuas, estamos ahí y vivimos; y es lo que decimos: acá estamos los mayas”, afirmó Peregrina Cutz, del Consejo Comunitario de Ixil, uno de los municipios rurales que el Gobierno estatal quiso incluir en la Zona Metropolitana de Mérida.
La Profepa tiene detectado este boom inmobiliario desordenado y ha clausurado temporalmente en los últimos meses diversos predios por el cambio de uso de suelo forestal sin permiso de la Semarnat, por la tala de mangles o por el relleno de humedales.
«Esta es una problemática que tenemos desde hace varios años, particularmente en estados costeros, donde hay una gran afluencia de turismo. Aunque Mérida no es una zona con costa sí todos los alrededores y ha sido un lugar muy atractivo por su riqueza natural y, desde hace muchos años, hay un boom inmobiliario, un crecimiento desordenado sin autorizaciones y es por eso que hemos tenido tanta presencia ahí; vamos a estar muy vigilantes para que se respete los usos de suelo y los suelos forestales de nuestro país», dijo a la Unidad de Datos de SinEmbargo la Procuradora Ambiental, Mariana Boy.
El 27 de octubre de 2025, la Profepa clausuró temporalmente las obras del proyecto inmobiliario “Savia Residencial”, ubicado en la localidad de Xcunya, municipio de Mérida, Yucatán, por la remoción de vegetación natural que afectó cinco hectáreas para la apertura de caminos y calles sin contar con las autorizaciones de la Semarnat. Pero este desarrollo, hasta la fecha, oferta en su página Web 369 terrenos residenciales premium desde 200 m2 con amenidades como alberca y parque recreativo.
La Procuraduría ambiental también ha hecho clausuras en obras ilegales en el pueblo costero de Sisal y en las áreas naturales protegidas la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, el Parque Nacional Dzibilchaltúnla y la Reserva Ecológica Cuxtal.
Así como clausuras temporales de obras en la localidad costera de Chelem, municipio de Progreso, área que se encuentra dentro de la zona de influencia de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, donde están presentes las cuatro especies de manglar existentes en México (mangle rojo, negro, blanco y botoncillo), además de otras especies de flora nativa protegidas y listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2025. Ahí mujeres implementan arduos trabajos de reforestación de mangle ante el boom inmobiliario.
Mayas piden no comprar terrenos
Mayas como Shirley Galaz Hernández, del Consejo Comunitario de Sisal, un pueblo costero al norte de Yucatán, piden no invertir en terrenos en construcción a costa del dolor de sus comunidades y la devastación de su selva, manglares y cenotes.
“Yucatán es hermoso y Sisal es un paraíso, pero estamos inmersos en un boom inmobiliario muy destructivo. Les pedimos que no compren terrenos porque atrás de estos terrenos, atrás de estas ventas que enriquecen a inmobiliarias, está el dolor de los pueblos mayas que están siendo despojados de sus territorios y criminalizados por defender las tierras en la que nuestros ancestros han vivido; el pueblo maya quiere seguir viviendo en sus comunidades», afirmó.
Entre diversos casos está la agencia inmobiliaria École que llama a comprar terrenos en los alrededores de Mérida para habitar o para invertir a largo plazo (reventa, renta…).
Su publicidad –incluso digital en Google maps– ofrece terrenos residenciales de 225 m2 con entrega en 2027 en la zona exclusiva del Country Club en 1 millón 010 mil 497 pesos; o en la zona costera de Progreso y Laguna Rosada vende terrenos comercial/residencial con entrega inmediata en 2 millones 265 mil 361 de 575 m2, entre otras zonas y costos.
La agencia comparte testimonios de «inversión de éxito», como el de una mujer de la Ciudad de México, quien afirmó que una amiga le platicó que «ahorita está el boom» en Mérida y a finales de 2022 –cuando aún no se inauguraba la estación del Tren Maya en Mérida– decidió invertir en plazos y a distancia, es decir, no conoce el terreno, pero por WhatsApp sabe su plusvalía y que –a diferencia de otros casos emergentes sin urbanización– alrededor sí hay servicios básicos (electricidad, drenaje, agua) y secundarios (comercios). Se trata de un predio en el corredor Cholul-Conkal-Chicxulub, donde un terreno de 187 m2 vale 590 mil pesos para entregar en 2029.
«No se tarden porque cada vez está más caro, el precio ha subido muchísimo (desde 2022) y eso que no está terminado. Sé que es un lugar muy tranquilo para vivir y ahorita está creciendo mucho (…) Lo veo para una casa de retiro, pero puede ser que decida vender el terreno o decida convertirlo en un Airbnb después, siendo un lugar muy turístico donde (se dice) que cayó el meteorito que destruyó a los dinosaurios», afirmó la compradora en un video de la agencia inmobiliaria.
Otra compradora de Atizapán, Estado de México, les comentó que observó mientras buscaba terrenos que «así como está creciendo Mérida, también están creciendo las estafas» que no cuentan con certificados del Gobierno estatal.
Lotes en obra de desarrollo de Habinta en Chicxulub, Yucatán, con acceso a pista aérea. En 2022, un terreno de 300m2 valía 451 mil pesos. Imagen: Google maps, 2026.
Lotes sin acceso a agua ni permiso de construcción
Otro caso de inmobiliaria es «Paraíso Sisal». Sisal es un pueblo costero del municipio de Hunucmá absorbido a la recién decretada Zona Metropolitana de Mérida, donde están las reservas ecológicas El Palmar y las Ciénegas del Norte de Yucatán, y que es altamente ambicionado por el desarrollo turístico-inmobiliario.
Particularmente desde que fue declarado «pueblo mágico» en diciembre de 2020, la tierra comenzó a venderse sin control y las construcciones han destruido humedales y mangle para abrir camino y lotes por la falta de un ordenamiento territorial sustentable. Asimismo, cuenta con el certificado de «playa platino» por las labores de limpieza de los locatarios que las inmobiliarias explotan en su publicidad.
«Pusieron en el foco a Sisal al nombrarlo como pueblo mágico, es impresionante cómo se llenaron las redes sociales de ‘Sisal, Sisal, Sisal’ y eso trajo mucha gente. Sabemos que eso tiene fines de vender Sisal. ¿Quién tiene las tierras, quién tiene las concesiones, quiénes son los dueños? Nosotros nos matamos aquí a limpiar la playa y al otro día vienen las inmobiliarias y toman la foto bonita que ya está limpio y esa es la que suben para vender sus tierras», expuso la habitante Teresa Hernández.
Shirley Galaz Hernández, del Consejo Comunitario de Sisal, recordó que durante el Gobierno de la expriista Ivonne Ortega (2007-2012) se expropiaron tierras ahora «colindantes» de la Reserva Ecológica El Palmar que pasaron a ser propiedad de la inmobiliaria «Paraíso Sisal», de acuerdo con el Decreto 294 emitido en 2010 y que la empresa comparte en su página Web para certeza jurídica de los interesados en invertir «en la última playa virgen de la costa de Yucatán», donde ya vendieron más de 200 lotes sin acceso a agua potable (ofrecen cisterna y pipas).
En 2018 obtuvo el permiso de la Semarnat para el cambio de uso de suelo forestal de más de 17 mil metros cuadrados. La Manifestación de Impacto Ambiental registra que de los 994 mil m2 del predio, 235 mil m2 (23%) están en área de conservación. La Profepa acudió a una inspección en 2019 sin que terminara en clausura.
Pero en 2023 clausuró temporalmente la obra de la inmobiliaria «Paraíso Sisal» porque abrió caminos en terrenos con vegetación de matorral de duna costera e instaló geotubos para evitar que el mar llegue a los lotes. En un comunicado la autoridad ambiental advirtió a los inversionistas:
«La zona cuenta con autorización únicamente para la lotificación, cada persona que compre un lote requiere realizar los trámites ante la autoridad correspondiente para poder construir», informó la Profepa en abril de 2023.
Shirley comentó que «Paraíso Sisal» sigue ofertando lotes. En su Facebook, su última publicación de noviembre de 2025 oferta 750 m2 en 5 millones de pesos. «Ya con todas las inmobiliarias alrededor, con todos los terrenos vendidos, con humedales y manglares destruidos, con caminos cerrados por particulares que han comprado en estas zonas, ahí vamos perdiendo esto de ‘pueblo mágico'», dijo la mujer maya.
Teresa planteó que se requiere de enormes esfuerzos y alianzas para que el desarrollo en su «pueblo mágico» sea de manera planificada y ordenada por parte de las autoridades y la comunidad, ya que por esa denominación hace seis años algunos locatarios ahora viven del turismo.
«No solo daña a la flora y a la fauna, es también lo que esperamos a nivel sobrepoblación y calidad del agua, somos una comunidad de 2 mil habitantes según el último censo (Inegi, 2020), pero esos proyectos inmobiliarios (tienen) un número de lotificaciones impresionante», afirmó.
En febrero y marzo de 2025, inspectores de la Profepa detectaron tres zonas de la costa de Sisal afectadas por la eliminación de manglar en 37 mil 784 m2, por lo que impuso sellos, los cuales fueron violados en reiteradas ocasiones para continuar con el desmonte de vegetación e incluso con la lotificación de terrenos sin contar con la autorización. Ante ello, la Procuraduría ambiental presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Los cenotes arrebatados
El Gobierno de Yucatán de la expriista Ivonne Ortega (2007-2012) expropió en 2009 la finca de X’kekén, donde están los cenotes X’kekén y Samulá, en la localidad de Dzitnup, Valladolid. En 2023, durante el Gobierno panista de Mauricio Vila, se concesionó a Promotora Inmobiliaria La Ceiba de Yucatán, de acuerdo con información catastral consultada por el Diario Yucatán.
La empresa lo convirtió en un parque con acceso a los cenotes, recorrido de la selva en cuatrimotos, «ceremonias ancestral con chamanes», eventos (pedidas de mano, bodas) y zonas de descanso. Al cenote Xkekén lo vendía por estar «ubicado dentro de una impresionante caverna subterránea», con estalactitas y aguas cristalinas iluminadas por un haz natural de luz que entra desde el techo de la cueva que «crean un escenario único para nadar y conectar con la energía de la tierra».
Pero en una asamblea comunitaria de septiembre de 2025, los mayas fueron a rescatar los cenotes para administrarlos colectivamente y, con los ingresos turísticos que han entrado en estos meses, han techado escuelas, instalaron baños para la comisaría e iglesias, y adquirieron postes para alumbrado público.
«Hace 20 años el Gobierno nos lo quitó y nos dijo que el 50 por ciento de las utilidades era para Dzitnup, pero no fue así», dijo en rueda de prensa Baldomero Poot Moo, comisario de Diztnup, Valladolid.
En entrevista detalló que «se juntó la gente un domingo (de septiembre de 2025) y pues van a los cenotes. Va la gente del pueblo y sacan a los empresarios, y de ahí el poblado se hace cargo de las taquillas».
El comisario dijo que encontraron las instalaciones dañadas y con tala de algunos cedros. A partir de entonces, formaron un comité y, para la limpieza de los cenotes e instalaciones, cada semana rotan al personal para que los locatarios puedan acceder a los ingresos por la visita de los turistas.
Sin embargo, a partir de este rescate, autoridades mayas han sido amedrentadas. Hace unas semanas el propio Poot Moo fue perseguido por un automóvil que intentó cerrarle el paso a su camioneta cuando fue a la ciudad de Valladolid, y cuando se encaminó hacia su comunidad dijo que escuchó disparos al aire.
«Es por los rescates de los cenotes, lo más seguro, porque no había yo sufrido un atentado. Estuvo fuerte, quisieron como tapar mi camino, escuché unos disparos», dijo el comisario maya.
Y el pasado sábado 14 de marzo el Tesorero de la comisaría de Dzitnup, Manuel Israel Góngora Pat, fue detenido arbitrariamente por policías locales hasta que, por intervención de la Fundación Yansa, fue liberado a la medianoche.
Manuel iba a recoger en el aeropuerto de Mérida precisamente al referido Comisario Baldomero Poot, que formó parte de la delegación de autoridades mayas que regresaban de la Ciudad de México tras reunirse con el Ministro presidente de la Corte Hugo Aguilar y funcionarios del INPI, INAH y Registro Agrario Nacional para advertir sobre el tsunami de desarrollos inmobiliarios y granjas porcícolas.
La criminalización continuó en abril. El abogado de Fundación Yansa, Sergio Oceransky, quien ha acompañado a los mayas en esta defensa del territorio, recibió en pleno viernes santo un citatorio judicial para acudir a audiencia en Guadalajara, Jalisco, a 1,500 kilómetros de su ubicación, ciudad donde fue detenido arbitrariamente y luego liberado.
«Este intento de criminalización se basó en la denuncia presentada por un empleado de Ciudad Maderas, el desarrollo inmobiliario más grande y de más alto perfil de Yucatán, que se está construyendo en la selva que colinda con manglares y el sistema lagunar de la costa de Progreso, señaló el abogado, quien consiguió una suspensión definitiva de la obra en octubre pasado.
Un logro contra el desplazamiento
El Gobierno de Yucatán de Joaquín Díaz Mena –por herencia del exgobernador Mauricio Vila– decretó en febrero pasado la Zona Metropolitana de Mérida con 13 municipios rurales aledaños, incluyendo los costeros Progreso y Hunucmá para intentar un crecimiento urbano ordenado.
Pero Ixil, un municipio maya a media hora de Mérida, se amparó con apoyo de la Fundación Yansa contra la incorporación de su comunidad de unos 4 mil habitantes (Inegi, 2020) para evitar ser absorbidos por el boom inmobiliario. Hasta el momento, por una lucha de 10 años contra las inmobiliarias, no padecen tandeo de agua y pueden dedicarse a la siembra de hortalizas o a la producción de miel.
«La Zona Metropolitana estaba conformada por 14 municipios, entre ellos, estaba contemplado Ixil. Pero la comunidad pidió a través de un amparo que nos sacaran de este proyecto. Aún sigue latente la amenaza de que nosotros perdamos nuestro territorio porque los inversionistas siguen viendo nuestras tierras como una forma de inversión y lo intentarán hasta despojarnos», afirmó Peregrina Ctuz, del Consejo Comunitario de Ixil.
La idea era incorporar 14 municipios a la Zona Metropolitana de Mérida. Imagen: Gobierno Yucatán de Mauricio Vila (2018-2024).
En entrevista comentó que para solicitar el amparo primero tuvieron que acreditarse como pueblo maya ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). «Si bien hemos tenido algunos éxitos, es por la persistencia de la comunidad en estar unida y en resistir», aseguró.
Emmanuel Chan, también habitante de la localidad maya, dijo que detectaron la incorporación de Ixil a la Zona Metropolitana sin una consulta porque el costo del predial se disparó de 500 a unos 5 mil pesos, por lo que solicitaron el amparo. Obtenerlo fue ganar una batalla, pero, reconoció, el riesgo de ser comidos por el tsunami de desarrollos continúa.
«Nosotros estamos relativamente cerca de la playa, estamos a 36 kilómetros. Entonces, es muy atractivo para las inmobiliarias este territorio, pero nosotros lo queremos conservar como está porque de eso depende la forma de vida de mucha de la población que está aquí en Ixil», planteó Emmanuel.
De lo contrario, expuso, esas nuevas casas o departamentos desde unos 300 mil pesos hasta más de 2 millones de pesos en Mérida y alrededores no serán para los locatarios de futuras generaciones, sino para la ola de inversionistas de otros estados o de Estados Unidos… que pueden pagarlo a costa de la deforestación de Yucatán.
